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Los altos funcionarios se unen para pedir al Gobierno el fin de las 'purgas' políticas

14/09/2018

El sindicato de técnicos de Hacienda estimó la cifra el pasado mes de junio: 437. Ése es el  número de altos cargos del Gobierno de España que son cesados y sustituidos por otros considerados más afines cada vez que cambia el inquilino que ocupa el Palacio de la Moncloa. El asunto es que esa cifra es sólo la punta del iceberg: entes públicos, organismos autónomos, órganos consultivos y empresas públicas están acostumbrados a experimentar intensas rotaciones en sus cúpulas cada vez que se produce un cambio de Gobierno.

España y Turquía, los países donde más cargos cambian con la llegada de un nuevo Gobierno

10/09/2018

En 1912 Benito Pérez Galdós escribía que los políticos “no harán más que favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica, y adelante con los farolitos…” En 2018 la experiencia confirma que cada vez que en España se produce un cambio de Gobierno, el Ejecutivo entrante coloca a sus afines en los altos cargos de la Administración y de las principales empresas públicas, muchas veces anteponiendo su trayectoria en los partidos a la experiencia en el sector.

Holocracia y Administración Pública

07/09/2018

Todo parece indicar que las organizaciones modernas deberían apostar por la holocracia (un sistema de organización en el que la autoridad y la toma de decisiones se distribuyen de forma horizontal en lugar de ser establecidas por una jerarquía de gestión), es decir: un sistema de autogestión (Robertson, 2015). La holocracia es una nueva forma de administrar una organización, a través de la remoción del poder de una estructura jerárquica, sustituida por un sistema de distribución de la autoridad.

El Gobierno retrasa dos años la Administración electrónica

06/09/2018

"La Administración sin papeles, transparente y más ágil y accesible para los ciudadanos y las empresas", que preveían las Leyes de Procedimiento Administrativo Común y la de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas de 2015, tendrán que esperar dos años más para su entrada en vigor.

Así, lo establece el Gobierno en un Real Decreto-Ley (RDL), publicado ayer en el BOE, al considerar que no se han alcanzado los desarrollos tecnológicos y jurídicos precisos para la entrada en vigor de la Administración Electrónica.

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