España y Turquía, los países donde más cargos cambian con la llegada de un nuevo Gobierno

En 1912 Benito Pérez Galdós escribía que los políticos “no harán más que favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica, y adelante con los farolitos…” En 2018 la experiencia confirma que cada vez que en España se produce un cambio de Gobierno, el Ejecutivo entrante coloca a sus afines en los altos cargos de la Administración y de las principales empresas públicas, muchas veces anteponiendo su trayectoria en los partidos a la experiencia en el sector.

“Han de pasar años, lustros tal vez, quizá medio siglo largo” para que el modelo cambie, decía el autor de los 'Episodios Nacionales'. Pero ni cien años han sido suficientes. Según pone de manifiesto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el estudio ”Goverment at a glance 2017”, España es el país de la Unión Europea donde más cargos cambian con la llegada de un nuevo Gobierno. Si se toman en consideración todos los Estados que forman parte del organismo, se sitúa en el nivel más alto junto a Turquía y Chile.

LA ROTACIÓN AFECTA HASTA EL 100% DE LOS ALTOS CARGOS

En general, 21 de los 35 países analizados realizan cambios que afectan entre un 95 y 100% a los secretarios de Estado, lo que parece razonable ya que son responsables de ejecutar la acción del Gobierno, con quien comparten su visión política. La excepción está en Canadá, Alemania, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda y Noruega, donde la remodelación no afecta a más del 5% de los cargos.

Lo sorprendente es que en la mayoría de Estados no suelen producirse rotaciones en los altos funcionarios públicos. Solo en 5 países -Chile, Hungría, Eslovaquia, Turquía y España- la alteración alcanza a un porcentaje de entre el 95 y el 100%. En el caso de los altos directivos de las empresas públicas, únicamente Chile, Turquía y España cambian hasta el 100% de los mandos.

LOS RIESGOS DE LA POLITIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

El resultado es la politización de la función pública, pues en lugar de atender con objetividad al interés de todos los ciudadanos, sirve al poder Ejecutivo. Como explica Jordi Solé Estalella, presidente de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), en no pocas ocasiones el único mérito valorado para designar a los altos directivos es su “lealtad política”, ya que no es inusual que carezcan de “experiencia en el sector”. Esto da lugar a que se rodeen de una “legión de asesores sufragados por todos” que no serían necesarios si se nombrara al profesional adecuado.

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