El Gobierno retrasa dos años la Administración electrónica

"La Administración sin papeles, transparente y más ágil y accesible para los ciudadanos y las empresas", que preveían las Leyes de Procedimiento Administrativo Común y la de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas de 2015, tendrán que esperar dos años más para su entrada en vigor.

Así, lo establece el Gobierno en un Real Decreto-Ley (RDL), publicado ayer en el BOE, al considerar que no se han alcanzado los desarrollos tecnológicos y jurídicos precisos para la entrada en vigor de la Administración Electrónica.

Se trata del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Problema competencial

La norma procede a la modificación de la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Según ésta, el 2 de octubre de 2018, tenían que entrar en vigor las previsiones de la citada Ley relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y, también al archivo único electrónico.

Se explica en el Preámbulo de la norma que el desarrollo reglamentario que precisa el funcionamiento de algunos aspectos técnicos y procedimentales tales como las notificaciones, el registro de apoderamientos, los funcionarios habilitados o cuestiones sobre los registros generales y archivos, debe adaptarse a lo señalado en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 55/2018, de 24 de mayo.

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