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Fedeca, en su defensa de los derechos de las personas que componen los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado, quiere manifestar su absoluto y firme compromiso en el impulso del respeto a la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la Administración General del Estado.
La Asociación de Ingenieros de Minas de las Administraciones Públicas (AIMAP) es una asociación profesional de ámbito nacional, integrada por Ingenieros de Minas en activo que prestan servicio en la Administración Pública.
AIMAP fue constituida como asociación en el año 2008, si bien la creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado al que pertenecen la mayoría de sus miembros, se remonta al año 1833, siendo el cuerpo de ingenieros civiles más antiguo de la Administración. En menor número, el resto de miembros pertenecen a otros cuerpos de la AGE como pueden ser cuerpos propios de Organismos Autónomos o el IGME.
Los principales objetivos de AIMAP son:
La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública ordena la adscripción y funciones de los Cuerpos y Escalas de las Administraciones Públicas. Tras esta última reforma actualmente los Ingenieros de Minas ingresan, en el ámbito de la AGE, en el Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado, adscrito al antiguo Ministerio de Industria y Energía (actual Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). No obstante, también están presentes en otros departamentos ministeriales y organismos públicos, así como en las áreas funcionales de industria y energía de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno. De hecho, actualmente, la mayoría de Asociados prestan sus servicios en el Ministerio para la Transición Ecológica.
Piden a Batet más oposiciones y consolidación de puestos, entre otros asuntos.
Los funcionarios de los Cuerpos Superiores de la Administración, agrupados en Fedeca, se reunieron el pasado viernes con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, para transmitirle algunos de sus principales temas que más les preocupan, como la dignificación de la función pública, la falta consolidada de opositores en los niveles más altos de la Administración Pública y la necesidad de que se apruebe el Estatuto del Directivo Público.