Los altos funcionarios se unen para pedir al Gobierno el fin de las 'purgas' políticas
14/09/2018
El sindicato de técnicos de Hacienda estimó la cifra el pasado mes de junio: 437. Ése es el número de altos cargos del Gobierno de España que son cesados y sustituidos por otros considerados más afines cada vez que cambia el inquilino que ocupa el Palacio de la Moncloa. El asunto es que esa cifra es sólo la punta del iceberg: entes públicos, organismos autónomos, órganos consultivos y empresas públicas están acostumbrados a experimentar intensas rotaciones en sus cúpulas cada vez que se produce un cambio de Gobierno.
La operación de centrifugado a la que cada nuevo Gobierno somete a las estructuras del Estado se ejecuta sin evaluación previa alguna y en muchos casos dinamita planes, proyectos e iniciativas prometedoras y potencialmente beneficiosas para el funcionamiento de la Administración o, incluso, del país en su conjunto, por el simple hecho de haberse impulsado bajo un gabinete de otro color político.
Desde organizaciones como la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) - una suerte de 'patronal' que aglutina a las organizaciones que representan a los cuerpos de élite de la Administración - se ha venido cuestionando históricamente esta práctica, pero ahora los altos funcionarios del Estado parecen dispuestos a ir un paso más allá y han alcanzado un acuerdo sin precedentes para plantear de manera formal al Gobierno una propuesta que ponga fin a la 'purgas' de directivos públicos que se desencadenan tras cada cambio en La Moncloa, según han confirmado a La Información fuentes conocedoras de la propuesta.
El tema no es menor e incluso ha sido 'denunciado' por la OCDE. Los altos funcionarios del Estado no solo están expuestos a los cambios de Gobierno también a otras situaciones como se ha visto en la reciente dimisión de la directora general de Trabajo, la inspectora de Trabajo, Concha Pascual, presionada desde su propio Ministerio para replantearse el cargo tras dar trámite - aparentemente de forma correcta - a la autorización del sindicato de trabajadoras sexuales, lo que generó un problema político al Ejecutivo.