La negativa que hasta hace pocos días daba el Gobierno a una posible reducción de la jornada laboral de los funcionarios tenía, principalmente, una explicación: supone un aumento del gasto que, según Función Pública, podría llegar hasta los 1.200 millones. Ahora, el ministro Cristóbal Montoro reconoce que se puede estudiar «sector a sector» pero rechaza, al menos por ahora, que se aplique en toda la Administración precisamente por el mismo motivo: porque hay algunos ámbitos en los que el esfuerzo sería muy importante y, en concreto, esto es lo que ocurriría en la Sanidad.