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Más de doscientos trabajadores del Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN) han puesto el grito en el cielo: el lugar donde trabajan desde hace veintiséis años se cede a CC.OO. en concepto de «pago» de patrimonio sindical acumulado, y a ellos los quieren trasladar a Infanta Mercedes. El inmueble de la polémica ocupa el número 6 de la calle Pío Baroja, en pleno distrito de Retiro y a escasos metros del popular parque madrileño.
La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) pidió hoy al presidente de la CEOE, Juan Rosell, que rectifique su crítica "fácil y cómoda" sobre los funcionarios que el dirigente empresarial considera "prepotentes".
En una carta, la presidenta de Fedeca, María Luisa Cano, acusa a Rosell de "apuntarse al carro" de los que culpan a los empleados públicos de ser los responsables parciales del déficit público, "cuando no de la propia crisis".
Zaragoza.- Mario Garcés ostenta desde el pasado mes de julio el cargo de consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón. Además de haber desarrollado una dilatada trayectoria como docente, Garcés, licenciado en Derecho, ha ejercido la presidencia de la Asociación de Interventores y Auditores del Estado (2009-2011), vicepresidencia de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado (Fedeca) (2009-2011), y ha sido auditor nacional en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría (Ministerio de Economía y Hacienda) (2004-2011).
Alrededor de 200 funcionarios se han manifestado esta mañana ante una sede del Ministerio de Trabajo en Madrid para intentar parar la cesión del edificio a CCOO como patrimonio sindical.
La protesta de los empleados públicos se ha producido después de que ayer se intentara desalojar de su sitio a algunos de ellos alegando que se iban a iniciar unas obras para que pudieran ocuparlos personal de CCOO.
Un total de 31 organizaciones sindicales representativas de los empleados públicos a nivel estatal y en diez comunidades autónomas han suscrito un manifiesto en el que exigen a los partidos que concurren a las próximas elecciones su "reconocimiento" y "dignificación", y rechazan tener que pagar los "errores, despilfarros y mala gestión" de los políticos.