COMUNICADO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS Y EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO AL PAÍS VASCO.
26 de enero de 2026. El pasado día 17 de septiembre se hizo público el acuerdo alcanzado por el Gobierno Vasco y el Ministerio de trabajo y Economía Social, para la transferencia de las prestaciones contributivas y el subsidio de desempleo a la Comunidad autónoma del País Vasco.
Este traspaso, que se materializará mediante acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias antes de finales de año, incluirá, según los propios firmantes, la cesión de las 30 oficinas y 534 trabajadores de los que dispone el Servicio Estatal Público de Empleo en el País Vasco, para la gestión de unas prestaciones que actualmente perciben unos 51.000 beneficiarios por una cantidad anual de 822 millones de euros.
Como ya advertimos en nuestro anterior comunicado, esta transferencia atenta contra la garantía prevista en el art. 41 de nuestra Constitución contempla un régimen público de Seguridad social, único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social.
Para garantizar dicha igualdad, la misma Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, bajo los principios de solidaridad financiera y caja única de titularidad estatal que se integra no solo por la titularidad, recaudación y administración de los recursos financieros del sistema sino también por el reconocimiento y pago de las prestaciones de Seguridad Social en cuanto obligaciones imputables a dicha caja (STC 124/1989 , 104/2013 o 133/2019 entre otras).
El Tribunal Constitucional (Sentencia 133/2019 de 13 noviembre, 104/2013 de 25 abril y 195/1996, de 28 de noviembre, entre otras) ha recordado que las prestaciones por desempleo son de Seguridad Social por lo que los actos «referidos a la percepción de sus ingresos o a la realización de los gastos correspondientes» integran la caja única del sistema y la competencia para su gestión debe atribuirse exclusivamente al Estado.
Además, la transferencia anunciada supone un paso más, en un proceso que se anuncia como irreversible, ya que no solo incluye el subsidio, de carácter asistencial sino la propia prestación de desempleo, de carácter contributivo. Es decir, que una vez completado lo que los firmantes denominan este “primer bloque”, se continuará con el resto de las prestaciones contributivas como las pensiones de viudedad, jubilación o incapacidad permanente, o los subsidios de incapacidad temporal o nacimiento o cuidado de menor.
Sostener que la mera conservación por el Estado de la competencia normativa sobre las prestaciones de Seguridad Social, las de desempleo o cualquier otra, ya es suficiente para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos españoles y la integridad de la caja única, pudiéndose ceder a las comunidades autónomas su gestión y ejecución, supone un total desconocimiento de lo que, en realidad y más allá de formalismos y consignas, supone verdaderamente esa gestión.
Todo ello derivaría, que nadie lo dude, en la sustitución de nuestro actual sistema de Seguridad Social, único e igual en derechos y deberes para todos los ciudadanos, trabajadores, empresarios y beneficiarios, por otros tantos, repartidos, fragmentados y dependientes de cada una de las comunidades autónomas. Las prestaciones de Seguridad Social no pueden depender del lugar de residencia, sino que deben ser iguales en todo el territorio nacional.
El Estado ni puede ni debe renunciar a sus competencias atribuidas constitucionalmente sino, todo lo contrario, reforzar y garantizar las mismas mediante la creación de una Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social integrada por cuerpos de funcionarios de carácter nacional. Solo así se garantizarán la uniformidad del sistema y la igualdad de todos los ciudadanos, propósito con el que las asociaciones firmantes reiteramos nuestro más firme compromiso y por el que apelamos a la responsabilidad de los diferentes partidos políticos y agentes sociales.
Este pasado viernes 16 de enero, el Gobierno de España ha ratificado la transferencia al País Vasco de cinco competencias en materia de Seguridad Social, que afectan a las prestaciones familiares no contributivas (hijo o menor a cargo, nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad y la prestación por parto o adopción múltiple) y una sexta de mayor relevancia, las prestaciones por desempleo, tanto del nivel contributivo como del asistencial. Todas estas transferencias se ajustan al régimen financiero foral (cupo).
Finalmente, el Gobierno no ha dudado en sacrificar, en aras a su agónica y estéril supervivencia, lo que constituye la piedra angular de nuestro estado social y democrático de derecho: un sistema de Seguridad Social único y unitario que garantice la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a la protección y en la asunción de las cagas que su mantenimiento precisa.
Las asociaciones firmantes debemos denunciar ante la opinión pública las graves y perniciosas consecuencias que para los intereses de los ciudadanos se derivan de la ruptura de la gestión estatal del Sistema.