FEDECA se opone a la transferencia de la gestión de la Seguridad Social, o de cualquier otra competencia de la AGE, porque amenaza el principio de Igualdad de los ciudadanos ante la ley
Jueves 17 de julio de 2025.
• La Federación apoya los argumentos en contra de estas transferencias que esgrimen ATASS, ASIASS, APROMESS, ALSS y SITSS, basados en la quiebra del principio de solidaridad en la Seguridad Social.
• Para garantizar los servicios públicos, es prioritaria la defensa de los principios básicos de la Función Pública -Igualdad, Mérito y Capacidad- bajo el paraguas de la Administración General del Estado. Una defensa prioritaria que se extiende también a otros ámbitos amenazados, como la recaudación tributaria y la gestión de cualquier funcionario de Habilitación Nacional.
FEDECA manifiesta su firme apoyo a las asociaciones que buscan velar por el mejor funcionamiento de los servicios públicos en la Administración General del Estado, garantizando la igualdad territorial y de oportunidades bajo una misma supervisión y control, además de salvaguardando el principio de solidaridad. La solución de los problemas actuales de los servicios públicos que reciben los ciudadanos no pasa por la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas, sino por la reordenación y la dotación adecuada, bajo el paraguas del Estado, para garantizar la Igualdad sin depender de coyunturas políticas ni de intereses territoriales o partidistas.
La Federación respalda con convicción a todas las Asociaciones en defensa de la Administración General del Estado, haciendo suyos los argumentos que esgrimen estas asociaciones.
• En materia de Seguridad Social, la transferencia de las competencias iría contra la doctrina del Tribunal Constitucional, que ya ha advertido reiteradamente que la titularidad es única y estatal. Con la normativa en la mano, una cesión territorial de su gestión supondría la ruptura del principio de Solidaridad y ,de facto, de la caja única del sistema, a pesar de que las partes manifiesten lo contrario.
• En materia fiscal, el modelo que presenta los recientes acuerdos del Gobierno no está regulado en la Constitución, e incluso se puede afirmar que vulnera los principios de Igualdad y de solidaridad que están reflejados en la Carta Magna. La cesión territorial de la recaudación de impuestos supondría también el fraccionamiento de la Agencia Tributaria, debilitando la lucha contra el fraude y complicando la labor presupuestaria del Estado frente a grandes desembolsos (pensiones, inversiones, despliegue de un ERTE…).
• En materia de Administración Local, hay que recordar que la selección y gestión de funcionarios de Habilitación Nacional debe depender del Estado, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional. La labor de estos funcionarios es fundamental para realizar un control jurídico y económico en ayuntamientos y otras administraciones. En este ámbito, su independencia es clave para poder garantizar en el Estado el principio de Igualdad de los ciudadanos ante la ley, repeliendo influencias o presiones territoriales.
FEDECA, que representa a los altos funcionarios del Estado, respalda las acciones que realizan las Asociaciones que velan por la Administración General del Estado, como el comunicado en defensa de la gestión estatal de la Seguridad Social que acaban de publicar conjuntamente la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social (ATASS), la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social (ALSS), la Asociación Profesional de Médicos Evaluadores de la Seguridad Social (APROMESS), el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) y la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social (ASIASS). También, defiende las reivindicaciones que vienen llevando a cabo los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que van en la misma línea en materia fiscal; así como las referidas a la garantía del ejercicio de control jurídico y económico estatal en los territorios, que defienden el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) y la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (APSITAL).