Escrivá estudia una propuesta para permitir que los funcionarios puedan trabajar hasta los 72 años (Fuente: ABC)
14 de junio de 2022 - El artículo publicado en ABC el 14 de junio de 2022 aborda una propuesta que está evaluando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, José Luis Escrivá, para permitir que los funcionarios públicos puedan extender su vida laboral hasta los 72 años de manera voluntaria. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo por introducir mayor flexibilidad en el sistema de jubilación, respondiendo a las demandas de aquellos trabajadores que desean permanecer activos más allá de la edad de retiro habitual. El planteamiento surge en un momento en que el Gobierno español está revisando las políticas de pensiones, buscando soluciones para garantizar la sostenibilidad del sistema frente al envejecimiento progresivo de la población y al aumento de la esperanza de vida.
Según el artículo, la propuesta no implicaría una obligación, sino que sería una opción para aquellos funcionarios que, por motivos personales o profesionales, prefieran retrasar su jubilación. Actualmente, esta posibilidad ya está contemplada en ciertos sectores específicos de la administración pública, como el judicial o el académico, donde jueces, fiscales o profesores universitarios pueden continuar trabajando más allá de los 65 años bajo ciertas condiciones. La idea de Escrivá sería generalizar esta alternativa, ampliándola a otros cuerpos de funcionarios, siempre que cumplan con requisitos establecidos y que su continuidad no afecte el acceso de nuevas generaciones al empleo público.
El texto también señala que esta medida se enmarca en un contexto más amplio de reformas impulsadas por el Gobierno español, que incluyen acuerdos con los agentes sociales y compromisos con la Unión Europea para modernizar el mercado laboral y el sistema de Seguridad Social. Sin embargo, el artículo no detalla cómo se implementaría exactamente la propuesta ni qué impacto económico o laboral podría tener, dejando entrever que aún está en una fase preliminar de estudio. En definitiva, la iniciativa refleja un intento de adaptar las normativas a las realidades demográficas actuales, equilibrando las necesidades de los trabajadores mayores con las exigencias de un sistema público en transformación.