Valor y precio de la Función Pública Española
22/01/2020
Tribuna de Federico Pastor, Vicepresidente de Fedeca y Abogado del Estado.
Desde hace tiempo las políticas retributivas ponen en serio peligro la excelencia del funcionariado español. Conviene no descuidar la enorme incidencia que tienen sobre la Función Pública
Sostiene Max Weber en su memorable 'Economía y Sociedad' que los Estados precisan de un cuerpo funcionarial profesional para evitar degenerar en una situación de “terrible corrupción o de una mediocridad vulgar”. En España hemos venido aplicando con rigor los criterios de Weber y consecuencia de ello es que dispongamos de un cuerpo funcionarial que poco o nada tienen que envidiar al Civil Service británico o a los enarcas franceses. Al menos hasta ahora.
Desde hace tiempo se observa que las políticas retributivas seguidas en los últimos años ponen en serio peligro la actual excelencia del funcionariado español. Conviene no descuidar la enorme incidencia que la retribución tiene sobre el nivel de la Función Pública, ya el propio Weber incluía entre los atributos básicos del funcionario profesional la percepción de una retribución suficiente. A idéntica conclusión se llega de la mano de los actuales tratadistas de Recursos Humanos, quienes insisten en que sin una adecuada política retributiva es estéril cualquier intento por captar y retener el talento profesional. Máxima que, siendo las Administraciones Públicas una suerte de empresas de servicios, se entiende plenamente aplicable al Sector Público Estatal. Conforme a ello, y con el propósito de que la modernización de la Administración del Estado no implique el menoscabo de su excelencia, es necesario plantear tres retos retributivos cuya satisfacción no admite mayor demora.
El primero de ello se refiere a que los funcionarios recuperen el nivel adquisitivo previo a la ‘Gran Recesión’, pérdida que, atendiendo a la evolución que tuvo el IPC entre el 2009 y 2019, puede cifrarse para los funcionarios de mayor nivel, los A1, en una medida 140 euros al mes. Cuando el país lo necesitó los funcionarios fueron los primeros en sacrificar parte de su salario y, en este sentido, hay que recordar que la alta función pública no secundó los llamamientos a reiterar protestas como las que en 1997 se hicieron contra medidas mucho menos gravosas que las adoptadas en 2011. No se hizo por sentido de lealtad y ello pese a tener razones sobradas puesto que los recortes se hicieron de forma progresiva y no proporcional. Ello supuso que los funcionarios de mayor nivel soportaran el mayor peso del que equitativamente hubiera correspondido. Tan excesiva fue esa progresividad que produjo situaciones tan difíciles de justificar como que haya complementos salariales con mayor importe para los funcionarios de menor nivel que para los de escala superior. Esa peculiar política retributiva que a menor responsabilidad otorga superior retribución todavía persiste en la actualidad.