El Gobierno primará la presencia de mujeres en los cursos formativos para altos funcionarios de 2018 y les reserva el 40% de las plazas disponibles.
Conocer las técnicas de relajación y gestión del estrés asociadas al 'mindfulness' para controlar la presión producida por el trabajo, trabajar la oratoria y dominar los recursos de estilo que permitan comunicar de la forma más persuasiva posible o disponer de los conocimientos necesarios para detectar disfuncionalidades en el funcionamiento de la Administración que puedan constituir delito, conflicto de interés o práctica contraria a la ética pública. Éstas serán algunas de las materias que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el brazo formativo de la Administración del Estado dependiente del Ministerio de Hacienda, impartirá durante 2018 a los futuros directivos públicos en el marco de su programa de formación para altos funcionarios del Estado.
Los objetivos del programa diseñado por el equipo de formadores del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no puede ser más ambiciosos. "El INAP desea ser un actor central en la transformación de la Administración Pública que ayude a construir la sociedad española del futuro", señala la resolución del instituto público, que asume su responsabilidad de formar a los futuros directivos del sector público para "afrontar los retos de servir y crear valor público para una sociedad plural, diversa, inclusiva, abierta, independiente y participativa, y promueva la extensión de valor públicos para la transformación cultural de la Administración Pública".
Un reto de toda una vida que el instituto formativo público sustancia en una decena de módulos formativos asociadas a cinco áreas de capacitación: Dirección y Gestión Pública, Actividad y Procedimiento Administrativo, Elaboración Normativa, Gestión Económica y Habilidades Profesionales.
Así se manda en la Administración. En el área de dirección y gestión pública se trabajan dos competencias básicas. La primera es aprender todo lo que se necesita saber sobre cómo elaborar un Plan Estratégico en la Administración Pública, lo que incluye desde asuntos tan básicos como la definición de las fases necesarias para elaborar un plan de esta naturaleza o la realización de informes DAFO a otras algo más controvertidas como los requisitos a cumplir en materia de participación pública y transparencia o el modo de establecer criterios de evaluación de las políticas públicas,
un terreno casi inexplorado en las Administraciones Públicas de España. La segunda es más peliaguda y se trata de proporcionar a los aspirantes a directivo público unas guías sobre cómo desenvolverse para evitar problemas con la Justicia o con la regulación administrativa de los conflictos de interés en el desarrollo de las políticas públicas, es lo que vendría a ser una especie de 'compliance' del sector público y se encuadra en el concepto genérico de Ética Pública.
