Los altos funcionarios proponen regular la figura del directivo público contra los nombramientos 'a dedo' y los ceses arbitrarios

Fedeca elabora una propuesta de Estatuto del Directivo Público como herramienta contra el nombramiento de los puestos nombrados a dedo, lo que se conoce en el colectivo como "dedazo" y los ceses de cargos que no respondan a causas objetivas.

Los altos funcionarios denuncian el vacío normativo que existe en la figura del directivo público desde que se aprobó en 2007 el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) hace ya más de diez años y proponen un marco normativo que garantice su independencia de los intereses políticos y despolitizar las Administraciones Públicas.

Para la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), entidad que representa a los funcionarios de cuerpos superiores de distintas carreras profesionales en la Administración (abogados del estado, Inspectores de Hacienda, economistas, ingenieros, arquitectos, diplomáticos, inspectores de la Seguridad Social, inspectores de Trabajo, etcétera), "es urgente disponer de una regulación sobre la figura del directivo público para garantizar la profesionalidad e imparcialidad de los altos cargos en la Administraciones Públicas y su independencia del poder político".

El Directivo Público debe cumplir unos requisitos más allá de los propios de los empleados públicos, al encontrarse en el ámbito intermedio entre la política y la Administración, argumentan.

Así, un Estatuto permitiría permitiría fortalecer la neutralidad política de los altos funcionarios, delimitaría las fronteras entre la política y la administración y favorecería la rendición de cuentas en los puestos de alta dirección", señala esta asociación en un comunicado, "ante la necesidad de disponer de un sistema que sea transparente e independiente en la selección de los candidatos y evitar la práctica del "dedazo".

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