La sombra de los ERE ya planea sobre la Administración Central
21/09/2012Fuente:
ARN digital
Hasta el momento el Estado sólo ha despedido a 19 trabajadores, de la Sociedad Pública de Alquiler, a los que se sumarán otros 40 laborales antes de diciembre.
Tras la reforma laboral y los últimos acuerdos legales, los trabajadores del sector público estatal esperan nuevas noticias sobre su situación laboral. El silencio hace presagiar un otoño complicado, como ya han avanzado algunos rumores, y todo apunta a que habrá un ERE en la Administración General del Estado que afectará al personal laboral, o esto es lo que se escucha entre representantes sindicales y trabajadores. Pese a que no existe una confirmación oficial, nadie se atreve a desmentir la noticia. Ya hay una empresa pública del Estado que despedirá a todos sus empleados, la Sociedad Pública de Alquiler, que depende del Ministerio de Fomento. Además, otras empresas públicas ya ha comunicado a sus empleados la intención de reducir su plantilla mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Los despidos masivos en la Administración Central han empezado por las sociedades públicas más pequeñas. El pasado mes de marzo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba el cierre de 28 empresas de titularidad estatal como una medida de ahorro. De ellas, la mayoría se encuentran en un proceso de integración en otra sociedad, también pública, y los puestos de trabajo no corren peligro, según confían los propios trabajadores. Pero una de ellas, la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), se encuentra en vías de disolución. La SPA se creó en 2005 para dinamizar el mercado del alquiler pero desde entonces acumula una deuda de más de 45 millones de euros y, por eso, el Gobierno ha dado de plazo hasta el mes de diciembre para cerrarla. En esta sociedad, aún en funcionamiento, trabajaban un total de 59 empleados de carácter laboral fijo, que están afectados por un ERE. Ahora, tras la primera fase del ERE, 19 despidos se han hecho efectivos y, aunque el proceso se encuentra paralizado tras una denuncia que han interpuesto los sindicatos, “el ERE se ha resuelto sin acuerdo y hay un conflicto colectivo”, confirman fuentes del comité de empresa.
La SPA no es la única empresa pública que despedirá a sus empleados en lugar de reubicarlos en otras sociedades, como hará Invest In Spain, que se integrará con el Instituto de Comercio Exterior (Icex). El Centro Nacional de Hidrógeno (CNH2), dedicado a la investigación científica y tecnológica en todos los aspectos relativos a las tecnologías del hidrógeno, es un Consorcio entre el Ministerio de Economía y Competitividad y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El CNH2 ha comunicado a sus empleados su intención de despedir a la mitad de la plantilla, (entre 30 y 35 personas), según confirman fuentes de CC.OO. a nivel nacional. Aunque de momento no se ha dado ningún paso en este sentido.
La SPA no es la única empresa pública que despedirá a sus empleados en lugar de reubicarlos en otras sociedades, como hará Invest In Spain, que se integrará con el Instituto de Comercio Exterior (Icex). El Centro Nacional de Hidrógeno (CNH2), dedicado a la investigación científica y tecnológica en todos los aspectos relativos a las tecnologías del hidrógeno, es un Consorcio entre el Ministerio de Economía y Competitividad y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El CNH2 ha comunicado a sus empleados su intención de despedir a la mitad de la plantilla, (entre 30 y 35 personas), según confirman fuentes de CC.OO. a nivel nacional. Aunque de momento no se ha dado ningún paso en este sentido.
Sentando las bases
España cuenta con una plantilla pública de 2,69 millones de empleados entre comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades y Administración Central que se ha ido engordando en la última década, sobre todo, en el ámbito autonómico. En 2011 había 405.647 empleados públicos más que en 2002. Por eso ha sido en el seno autonómico y municipal donde se han acometido más despidos colectivos, como en la televisión valenciana, por ejemplo. En el Estado los empleados públicos han sido sometidos a varios ajustes tanto salariales como de horarios. En mayo de 2010 Zapatero recortó un 5% el salario de todos los empleados públicos con independencia de si son funcionarios, interinos o personal laboral. Después han visto congelados sus salarios y ampliada su jornada laboral dos horas y media más a la semana. Además, este año no cobrarán la paga de Navidad.
En contraposición, hasta el momento el Estado sólo ha despedido a 19 trabajadores con un contrato fijo. El resto han sido interinos o personal público a quienes se les había cumplido el contrato. Esto ha hecho que “se hayan destruido 130.000 puestos de trabajo” en el sector público, aseguran desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F). Ahora, el borrador que el Gobierno presentó en julio para regular los despidos colectivos del personal laboral en la Administración y empresas públicas regidos por el Estatuto de los Trabajadores está pendiente de aprobación y afectará a 700.000 empleados de la Administración y a 328.000 de las empresas públicas. No cambiará la situación de los funcionarios. El texto concreta las causas económicas para realizar un ERE sobre el personal laboral: cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos, una caía del 10% de la aportación presupuestaria del Estado a la Administración Regional, entes, empresas públicas y otros organismos respecto al año anterior.
El otoño “calentito”
Los representantes de CC.OO. y UGT pronosticaron un otoño “calentito” en su intervención en la fiesta minera de Rodiezmo. El nuevo Real Decreto será aprobado en los próximos días y Carmen Barrera, representante de UGT, cree que “con la nueva ley en la mano es muy probable” que el Gobierno acabe anunciando un ERE en la Administración Central. “Con las nuevas leyes en la mano todo el personal laboral corre ese riesgo”, asegura. Es más, desde UGT desconfían de la verdadera intención del Ejecutivo de Rajoy cuando acometió los primeros recortes en el sector, “puede que el ERE fuese la verdadera intención del Gobierno desde el principio”, sentencia Carmen Barrera. “Está claro que estas medidas no han servido para nada”, confirma José Manuel Vera, responsable de negociación colectiva de CC.OO. “La intención del Gobierno es el despido colectivo”, subraya.
Por su parte, Francisco Camarillo, portavoz de CSI-F reconoce que existen rumores de ERE en la Administración Central pero, de estar gestándose, “se estará elaborando a espaldas del las organizaciones sindicales”.
España cuenta con una plantilla pública de 2,69 millones de empleados entre comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades y Administración Central que se ha ido engordando en la última década, sobre todo, en el ámbito autonómico. En 2011 había 405.647 empleados públicos más que en 2002. Por eso ha sido en el seno autonómico y municipal donde se han acometido más despidos colectivos, como en la televisión valenciana, por ejemplo. En el Estado los empleados públicos han sido sometidos a varios ajustes tanto salariales como de horarios. En mayo de 2010 Zapatero recortó un 5% el salario de todos los empleados públicos con independencia de si son funcionarios, interinos o personal laboral. Después han visto congelados sus salarios y ampliada su jornada laboral dos horas y media más a la semana. Además, este año no cobrarán la paga de Navidad.
En contraposición, hasta el momento el Estado sólo ha despedido a 19 trabajadores con un contrato fijo. El resto han sido interinos o personal público a quienes se les había cumplido el contrato. Esto ha hecho que “se hayan destruido 130.000 puestos de trabajo” en el sector público, aseguran desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F). Ahora, el borrador que el Gobierno presentó en julio para regular los despidos colectivos del personal laboral en la Administración y empresas públicas regidos por el Estatuto de los Trabajadores está pendiente de aprobación y afectará a 700.000 empleados de la Administración y a 328.000 de las empresas públicas. No cambiará la situación de los funcionarios. El texto concreta las causas económicas para realizar un ERE sobre el personal laboral: cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos, una caía del 10% de la aportación presupuestaria del Estado a la Administración Regional, entes, empresas públicas y otros organismos respecto al año anterior.
El otoño “calentito”
Los representantes de CC.OO. y UGT pronosticaron un otoño “calentito” en su intervención en la fiesta minera de Rodiezmo. El nuevo Real Decreto será aprobado en los próximos días y Carmen Barrera, representante de UGT, cree que “con la nueva ley en la mano es muy probable” que el Gobierno acabe anunciando un ERE en la Administración Central. “Con las nuevas leyes en la mano todo el personal laboral corre ese riesgo”, asegura. Es más, desde UGT desconfían de la verdadera intención del Ejecutivo de Rajoy cuando acometió los primeros recortes en el sector, “puede que el ERE fuese la verdadera intención del Gobierno desde el principio”, sentencia Carmen Barrera. “Está claro que estas medidas no han servido para nada”, confirma José Manuel Vera, responsable de negociación colectiva de CC.OO. “La intención del Gobierno es el despido colectivo”, subraya.
Por su parte, Francisco Camarillo, portavoz de CSI-F reconoce que existen rumores de ERE en la Administración Central pero, de estar gestándose, “se estará elaborando a espaldas del las organizaciones sindicales”.