La reforma laboral inicia la reconversión del sector público con el cierre de 500 empresas

La reconversión del sector público está aquí. El pistoletazo de salida lo ha dado la reforma laboral publicada este sábado en el BOE, en la que, por primera vez, se habilita a las distintas administraciones públicas a presentar expedientes de regulación de empleo.

Ciertos ayuntamientos ya habían utilizado este instrumento de ajuste de las plantillas, pero no había unanimidad en los tribunales sobre la legalidad de la medida. Algunos jueces entendían que no había obstáculos legales para aprobar EREs; pero otros, por el contrario, rechazaron esta posibilidad con el argumento de que una administración no puede entrar en pérdidas, toda vez que no es posible objetivar sus resultados económicos al prestar servicios sociales para la comunidad. La nueva reforma laboral zanja esta polémica y dice que las administraciones públicas pueden presentar expedientes de regulación de empleo, incluida la extinción del contrato.

La norma, en todo caso, se refiere al personal laboral, cuyas condiciones de trabajo las regula el Estatuto de los Trabajadores. En ningún caso, se aplicará al personal funcionario o estatutario, cuyo puesto de trabajo está asegurado. Ni tampoco a los entes administrativos. Lo que hace el Real Decreto Ley es introducir un nuevo párrafo al artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores en el que se aclara que las administraciones públicas están a salvo de los EREs, "salvo aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado». Es decir, las empresas públicas. Esto supone que una vez aprobada la reforma laboral el sector público tiene las manos libres para iniciar su reconversión, paralizada por ausencia de marco legal.

Hace unos meses, por ejemplo, un juzgado de Teruel denegó la autorización para que el ayuntamiento de Escucha pudiera hacer un ERE. La sentencia afirmaba que la causa última del expediente de regulación de empleo “no puede darse en una entidad pública territorial, sino en entidades privadas que persiguen la obtención de lucro”. En su opinión, “tal finalidad es incompatiblecon la actuación de una entidad local que persigue la consecución del interés general mediante la prestación de los servicios públicos”. Y en esta línea, añadía que los expedientes de regulación de empleo “constituyen una posibilidad que el ordenamiento confiere al empresario para solventar una situación problemática, crítica y coyuntural, sin que la Administración pública esté expuesta a los mismos riesgos que las empresas”. Todos estos argumentos son los que desarma ahora la nueva reforma laboral.

El ánimo de lucro

En Madrid, por el contrario, el Gobierno de Esperanza Aguirre autorizó un expediente de regulación de empleo en el ayuntamiento de Fuente El Saz que afectó a 17 trabajadores. Pero el Ministerio de Trabajo denegó el expediente alegando que "los mecanismos de regulación de empleo, de suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas" se encuadran "al ámbito de la actividad empresarial o entidades que persigan la obtención de un lucro" y que, por tanto, una administración pública como un ayuntamiento no puede "acogerse a ellas".

El ajuste de plantillas en las administraciones públicas ya fue aprobado por el anterior Gobierno, pero poco o nada se ha avanzado desde que en marzo de 2010 el Consejo de Política Fiscal y Financiera decidió el cierre de 514 entes públicos de toda condición: fundaciones, sociedades mercantiles, empresas públicas o entidades administrativas.

Esos más de 500 entes representan alrededor del 22% del conjunto de empresas del sector público, y su identidad es hoy el secreto mejor guardado en la Administración. Se sabe el número, pero no el nombre, y ni siquiera salió a relucir en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, instó a los consejeros de Economía de las comunidades autónomas a que cumplieran el compromiso adquirido con el anterior Gobierno, y que cerca de dos años después no se ha hecho realidad.

Los datos más recientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas muestran que la plantilla de personal laboral asciende a 684.623 trabajadores (51% de mujeres), de los que la tercera parte corresponde a los ayuntamientos y cabildos. En la Administración Pública estatal el número llega a 120.858, a los que hay que añadir otros 55.912 destinados en entes públicos de carácter empresarial.