La nueva ley de Función Pública acotará los puestos de libre designación
16/06/2021
La Junta de Castilla y León avanza en el diseño de una nueva Ley de Función Pública, ya que la actual es de 2005 y ha necesitado una serie de modificaciones, para su adaptación a la legislación básica del Estado de 2015, que permite a las comunidades contar con una norma propia. Con esta premisa, la Consejería de la Presidencia ha elaborado un anteproyecto que recoge, entre sus novedades, la reducción de los puestos de libre designación, que se acotarán a las categorías más altas, el impulso a las medidas de conciliación laboral y familiar, la mejora de las situaciones de excedencia y la definición del teletrabajo.
El primer documento de esta norma que regulará el trabajo de los empleados públicos de la Comunidad estará sometido durante las próximas tres semanas a exposición en el Portal de la Junta, para pasar después a su debate con los agentes implicados, antes de que llegue al control de los organismos jurídicos y de las instituciones propias. El objetivo, según señaló el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, es que el proyecto de ley entre en las Cortes autonómicas para su aprobación en el próximo periodo de sesiones, es decir, entre septiembre y diciembre.
Ibáñez, que compareció ayer acompañado por la directora general de Función Pública, Paloma Rivero, explicó que la nueva regulación parte de la consideración de que «ni restringe derechos, ni establece nuevas obligaciones a sus destinatarios». Se trata, según apuntó, de contribuir a tres aspectos fundamentales como son crear un marco jurídico comprensible integrado en el conjunto del ordenamiento en la materia; actualizar las peculiaridades del régimen jurídico de la Administración y, por último, facilitar a sus destinatarios y a los operadores jurídicos la correcta aplicación e interpretación de su contenido.
Modernizar y agilizar
El consejero de la Presidencia detalló que la nueva ley, que elimina cargas administrativas, tiene cuatro objetivos claros: avanzar en la modernización de la gestión de los recursos humanos, agilizar los procedimientos, rebajar el régimen de intervención y establecer medidas transitorias que garanticen los derechos y el cumplimiento de obligaciones. Se trata, en definitiva, de establecer «un marco común para todos nuestros empleados públicos, protegiendo sus derechos, modernizando la Administración y mirando al futuro con un ambicioso modelo propio de organización autonómica».