FEDECA ante la Oferta de Empleo Público 2017

Los problemas de la Administración Pública exigen  cambios profundos, más allá de la gran oferta de empleo

Los altos funcionarios se congratulan de la OEP pero piden extremar la vigilancia sobre el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad 

Madrid, 7 de abril de 2017 – FEDECA, la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, da la bienvenida a la oferta de empleo público (OEP) contenida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, aunque considera que se deberían acometer una serie de reformas adicionales e  imprescindibles para hacer frente a problemas estructurales en la Administración.

Los altos funcionarios de la Administración Civil del Estado consideran que es necesario poner en marcha políticas de personal a medio y largo plazo que ayuden a solucionar problemas estructurales en las Administraciones Públicas (AAPP) como, entre otros, la escasez de personal y el elevado envejecimiento de los funcionarios.  

Todos los indicadores muestran que, en los últimos años, se ha producido un aumento, o por lo menos, un mantenimiento de las funciones realizadas por las AAPP, tanto en su vertiente de asistencia al ciudadano, como en su vertiente de control, acompañadas con reducciones importantes del personal a su servicio, lo que ha tenido como consecuencia un incremento de las cargas de trabajo que soportan los empleados públicos.

Por otro lado, distintos estudios sobre el sector público en España reflejan  el continuo envejecimiento de funcionariado en España. El último informe conocido [1] apunta a que seis de cada diez empleados públicos supera los 50 años, y que el número de empleados de 60 años es muy superior a los menores de 30. Ello, además de otros problemas, implica que en los próximos años se va a producir un gran número de jubilaciones, con lo que el personal al servicio de los ciudadanos se verá mermado de forma considerable.

Para FEDECA, esta Oferta de Empleo Público no afronta el problema, actual y futuro, de la escasez de personal en las Administraciones Públicas (AAPP), dado que casi no aporta nuevos efectivos, sino que su intención fundamental es la de solucionar el problema de la temporalidad de muchos puestos de trabajo en el Sector Público, especialmente del autonómico y el local, un problema real, pero es solo uno más de los que adolecen las Administraciones Públicas.

Esta OEP, además, prevé que su desarrollo completo se realice en un plazo de tres años. Esto, que en sí mismo es encomiable porque supone un esfuerzo de planificación de los recursos humanos de las AAPP a medio plazo (y algo que no se acostumbra a ver en la escena política) presupone creer que los actores y las condiciones políticas necesarias para este desarrollo se mantendrán intactos en este horizonte temporal. Por desgracia, la historia política española no permite ser muy optimistas en este punto.

Principios de igualdad, mérito y capacidad

FEDECA advierte de la necesidad de que se preste una especial atención a los procesos y convocatorias de puestos de trabajo de esta OEP, para vigilar que en todo momento se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Si bien se entiende que en estos procesos de consolidación de puestos de trabajo se ha de valorar la experiencia de quienes desarrollan puestos de trabajo temporal para convertirlos en fijos –normalmente como funcionarios de carrera – , desde FEDECA se alerta del peligro de que dicha puntuación sea excesiva, y que se otorguen las plazas a personas que, de acuerdo con los principios mencionados, nunca debieron haberlas obtenido por haber entrado “a dedo”. De ser así, este proceso selectivo se convertiría en injusto para aquellos que quieran acceder a la función pública sin estar ahora ocupando un puesto temporal.

El estatuto del Directivo Público

Por último, como se viene insistiendo desde FEDECA en los últimos tiempos, el Gobierno debe dar respuesta a uno de los déficits más notables del sector público español, como es la ausencia de regulación del estatuto del Directivo Público, una figura imprescindible para garantizar la profesionalidad e idoneidad de los cargos de alta dirección.

Urge, por tanto, la creación de un régimen diferenciado del directivo público que, como en otros países de nuestro entorno, aleje la provisión de estos cargos del ciclo electoral, garantice su profesionalidad y vincule su gestión a los resultados estableciendo mecanismos adecuados de rendición de cuentas.