Estatuto del directivo público: arma jurídica de modernización masiva

Fuente: 
cincodias.elpais.com

Nuestro país cuenta desde 2015 con una Ley que fija el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), el cual contemplaba el desarrollo posterior de una figura del directivo público por parte tanto de la administración central como de las autonómicas. Hasta hoy ninguna de ellas ha hecho los deberes (Andalucía está ahora mismo en ello) y la consecuencia es que España no sale bien parada en los rankings sobre profesionalización e independencia de los directivos públicos. En este artículo analizamos los beneficios que esta regulación significaría.

Adecuación de los perfiles. Blindar la meritocracia en la selección de personal, impidiendo que la afinidad política o las relaciones personales sean el criterio primordial de selección, es garantizar que se eligen los perfiles más adecuados para cada puesto. Siguiendo el exitoso modelo portugués, en la ley que tramita la Junta de Andalucía, el directivo público es elegido por una comisión independiente. Dicho de otra forma, el organismo que ofrece el puesto no es el mismo que el que elige a los mejores candidatos.

Apertura al mercado. Con este modelo, cuando el puesto directivo no es ocupado por un funcionario, sino por un profesional que viene de fuera, lo que se produce es una verdadera transferencia de valor desde el mercado hasta la administración pública. Lo que hemos visto en España estos años atrás es lo contrario: la administración, como refugio laboral de políticos retirados de la primera línea y no siempre con la necesaria cualificación. La regulación del directivo público lo impediría, abriendo la administración a perfiles profesionales valiosos que quieren complementar su trayectoria privada con una experiencia en el sector público.

Mayor planificación. Uno de los problemas de la politización de los directivos públicos es la alta rotación asociada no a criterios de eficacia sino de supervivencia. Cambia el consejero, cambian los altos cargos. Esa volatilidad impide un ejercicio de planificación real de las políticas públicas. Todo está supeditado al criterio electoral. Profesionalizar la alta función pública es permitir que haya una planificación de actuaciones que vaya más allá...

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