Propuesta de medidas para el ahorro en el sector público alternativas a las planteadas en el Real Decreto Ley 8/2010

FEDECA, Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de Funcionarios de la Administración Civil del Estado, denuncia lo injusto del hecho de que con las medidas adoptadas en el Real Decreto Ley 8/2010 se coloque ante la opinión pública a los funcionarios como corresponsables de la grave situación de las cuentas públicas, y que se atribuya a las retribuciones de los empleados públicos un papel central, como instrumento de política económica, para la reducción del déficit público.

FEDECA denuncia que con las medidas contenidas en el Real Decreto Ley 8/2010, y específicamente con la reducción de las retribuciones de los empleados públicos y la congelación de las pensiones, se está cargando sobre los funcionarios y los pensionistas la ineficacia e ineficiencia de la política económica.

FEDECA denuncia que buena parte de las medidas adoptadas hasta ahora para luchar contra la crisis han sido ineficientes ya que han tenido un elevado coste, 40.000 millones de euros, frente a un bajísimo nivel de consecución de los objetivos asignados. Además, con dichas medidas el Gobierno ha agotado las posibilidades de que se disponía para luchar contra la crisis, viéndose ahora obligado a refinanciar esos 40.000 millones con una política fiscal extraordinariamente restrictiva que va a acentuar la depresión de la economía (las nuevas medidas se estima que tengan un impacto negativo en el PIB de al menos medio punto), y que además es regresiva e injusta, ya que hace recaer sus efectos especialmente en las clases bajas y medias (subida del IVA, desaparición de la deducción por adquisición de vivienda habitual, congelación de las pensiones, bajada del sueldo de los funcionarios, minoración de las ayudas de la Ley de Dependencia).

El detalle de los 40.000 millones de euros antes citados es el siguiente:

1. Deducción por rendimientos del trabajo y actividades económicas: 9.000 millones de euros.

Esta medida ha tenido un coste de alrededor de 9.000 millones de euros. Se trata de una medida de carácter regresiva ya que la cuantía de la deducción, 400 euros por contribuyente, no guarda ninguna relación con el nivel de renta del sujeto pasivo, contribuyendo a socavar el principio constitucional de progresividad del sistema tributario.

Si el objetivo era incrementar el consumo, se constata que la medida la ha sido ineficaz, ya que en su mayor parte esa bajada de impuestos lo han destinado las familias a incrementar el ahorro. En efecto, en una situación de crisis económica las expectativas juegan un papel clave en la toma de decisiones, y en este sentido el miedo al desempleo ha hecho que los hogares españoles incrementen notablemente su tasa de ahorro por lo que el incremento de renta disponible derivado de esa bajada de impuestos se ha destinado en su práctica totalidad al ahorro, no al consumo. De este modo cabe señalar que la tasa de ahorro de las economías domésticas se ha incrementado notablemente, desde el 10,2% de media del año 2007 al 18,8% en 2009, lo que supone un récord histórico desconocido en nuestra economía, alcanzando incluso en el cuarto trimestre de 2009 una tasa del 24,7% de la renta disponible de los hogares y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.

2. Fondo Estatal de Inversión Local: 8.000 millones de euros.

El Fondo Estatal de Inversión Local creado por Real Decreto Ley 9/2008 se ha materializado en su mayor parte en obras con una rentabilidad económica y social muy baja y cuyos escasos efectos se agotan en pocos meses. El empleo que se ha creado ha sido escaso y por un periodo de tiempo limitado. Ese esfuerzo inversor tan cuantioso del Estado se tenía que haber destinado a infraestructuras, al fomento de la I+D+i, y en general a inversiones bien planificadas de interés general que mejoren el tejido productivo del país. Además se trata de una medida que ahonda en uno de los principales problemas de la economía española, su excesiva dependencia del “ladrillo”, y por tanto es una incongruencia emplear 8.000 millones de euros en este tipo de obras y a la vez pretender cambiar el modelo de estructura productiva del país.

Al margen de lo anterior queremos destacar lo inadecuado que es destinar 8.000 millones a obras locales, sin ninguna relación las unas con las otras, dejando a los Ayuntamientos poquísimo plazo para poder planificarlas y en el que el único criterio de reparto del fondo es la población de cada municipio; para luego reducir la inversión en proyectos de interés general del Ministerio de Fomento en 6.000 millones de euros y reducir el gasto público en I+D.

3. Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local: 5.000 millones de euros.

A diferencia del Fondo Estatal de Inversión Local, las obras en que se pueden materializar las ayudas de este fondo sí tienen cierta racionalidad desde el punto de vista económico y social, pero peca nuevamente de constituir una cuantiosísima aportación de dinero sin la necesaria planificación. El fondo, lo mismo que su antecesor, se asigna sin ningún tipo de planificación a todos los municipios, en función de su población, sin atender a criterios de racionalidad económica y social y sin tener en cuenta criterios basados en el interés general.

4. Deducción por nacimiento o adopción de hijos: 2.000 millones de euros.

Se trata de una medida regresiva ya que el importe de la deducción, 2.500 euros por hijo, es independiente del nivel de renta del contribuyente. Es ineficaz ya que su contribución al objetivo de fomento la natalidad es prácticamente nula. No contribuye a solucionar el gran problema de los padres con hijos pequeños, que no es otro que la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar que además es uno de los motivos por el que las mujeres no se incorporan al mercado de trabajo. No contribuye por tanto al logro del objetivo planteado por el Gobierno en  el Plan Nacional de Reformas de incrementar la tasa de empleo femenino. Tampoco ha tenido prácticamente ningún efecto sobre la demanda agregada ya que como antes se apuntó al analizar la deducción de los 400 euros, en un contexto de crisis económica, en las decisiones de consumo pesan sobre todo las expectativas, por lo que los pequeños aumentos de renta disponible se traducen en aumentos del ahorro y no del consumo.

5. Sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. 16.000 millones de euros.

Es preciso destacar los efectos negativos derivados de las previsiones de ingresos contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2009. En efecto, se estimó un incremento del PIB nominal en 2009 del 3,5% (un 1% en términos reales) previendo para dicho ejercicio una ligera subida de los ingresos por impuestos en relación con el avance de la liquidación del ejercicio 2008. Frente a estas previsiones, la realidad es que los ingresos impositivos reales han sido inferiores a los previstos en alrededor de 30.000 millones de euros. Este hecho ha ocasionado que el Estado financie en 2009 en exceso a las Haciendas territoriales, fundamentalmente a las Comunidades Autónomas, en una cantidad que estimamos en alrededor de 16.000 millones de euros, cantidad que se ha gastado ya, por lo que pese a que la Ley establece que deban devolverla en 2011, se nos antoja que será imposible

Este exceso de financiación, al que habría que añadir otros 6.000 millones en 2008, ha ocasionado una notable expansión del gasto autonómico en relación a la situación real de la economía y de las posibilidades reales del sistema de financiación autonómico. Ha provocado una auténtica ilusión fiscal en las Comunidades Autónomas ya que por ahora, su financiación, a diferencia de la del Estado, apenas se ha visto afectada por la crisis.

Además de lo anterior, queremos destacar el hecho de que en plena crisis económica, y sin que se hayan hecho públicas las razones que lo justifiquen, se haya decidido modificar el sistema de financiación autonómica inyectando 11.000 millones adicionales al sistema.

6. Otras medidas. Supresión del Impuesto de patrimonio y eliminación de los ingresos publicitarios de TVE. 2.700 millones de euros.

La práctica eliminación del impuesto de patrimonio supone una merma de ingresos tributarios de alrededor de 2.100 millones de euros. La desaparición de ingresos publicitarios en TVE supone alrededor de 600 millones de euros. No criticamos las medidas por lo que no las incluimos en la cifra de 40.000 millones de mala gestión, pero sí la oportunidad de llevarlas a cabo justo en el momento actual de fortísimo deterioro de las cuentas públicas que obliga a hacer importantes sacrificios para reducir el déficit público. De esta forma queremos destacar que la congelación de las pensiones unida a la rebaja del sueldo de los empleados públicos de la Administración General del Estado supone un ahorro cuyo importe prácticamente coincide con el de los ingresos que han dejado de percibir las arcas públicas con motivo de la adopción de estas 2 medidas.

1. Una reforma profunda del sector público y un compromiso de colaboración entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales para racionalizar y simplificar la estructura administrativa, eliminando los múltiples servicios y entidades que implican disfunciones y duplicidades en el gasto público.

2. Revisión integral del modelo de financiación territorial, tanto autonómico como local, que supedite la entrega de recursos al cumplimiento de objetivos de eficiencia, fundamentalmente en el ámbito de la sanidad pública.
   
   Modificación del régimen de entregas a cuenta de la liquidación definitiva del sistema de financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales de forma que dichas entregas se puedan ir ajustando a lo largo del ejercicio en función de la evolución real de la recaudación por IVA, IRPF e Impuestos Especiales. De esta forma se evitaría que se repita lo sucedido en 2008 y 2009 en los que el Estado ha adelantado en exceso alrededor de 22.000 millones de euros a las Haciendas territoriales, lo que ha provocado una notable expansión del gasto por encima de las posibilidades del sistema de financiación autonómico y local.

3. La imposición de estudios económicos adecuados y suficientes para justificar los importes que está comprometiendo el Estado en contratos-programa y convenios con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Se propone una modificación de la Ley General Presupuestaria para que tales instrumentos y sus memorias económicas justificativas se publiquen en el Boletín Oficial del Estado.

4. Reforma profunda de las Leyes de estabilidad presupuestaria que prevea la imposición efectiva de sanciones a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales que incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria. Adicionalmente, se deberían establecer límites de endeudamiento anuales a las Comunidades Autónomas, que además deberían ajustar la elaboración de sus presupuestos al mismo procedimiento que rige actualmente en el Estado. Esto supondría incorporar la figura del techo de gasto no financiero y un fondo de contingencia de ejecución presupuestaria para imprevistos.

5. Revisión de la estructura del control interno de la Administración que recupere la realización de auditorías operativas al objeto de poner de manifiesto la eficacia y eficiencia de los programas presupuestarios y los Planes estratégicos de subvenciones. Este tipo de controles es absolutamente necesario para determinar el grado de eficacia y eficiencia de las diferentes políticas públicas, lo que ha de ser tenido en cuenta en la asignación de los créditos del Presupuesto para identificar las causas por las que se producen ineficiencias y proponer las correspondientes medidas correctoras.

6. Una revisión integral de las políticas de gasto que tienen como objeto principal el otorgamiento de subvenciones y ayudas públicas, de modo que éstas se otorguen únicamente en casos suficientemente justificados y siempre que no produzcan efectos distorsionadores en el mercado. A este fin, debería desarrollarse plenamente un modelo de planificación estratégica de subvenciones que fuera analizado con rigor por los órganos de control interno y externo, de modo que a la luz de las desviaciones y de los efectos derivados de la ejecución de esos planes, se acordara, en su caso, la eliminación o  reducción de los programas presupuestarios destinados a estos fines. Asimismo, se propone una modificación del régimen jurídico de las subvenciones y ayudas públicas con el objetivo de establecer un límite general de subvencionalidad de las actividades que se financien. Además, para dotar de mayor transparencia a la gestión de subvenciones, todos los organismos y entidades públicas, a efectos informativos, deberían publicar en sus páginas web  un perfil de las subvenciones y ayudas públicas que gestionen.

7. Un programa de racionalización y optimización del gasto corriente, de modo que se adopten medidas encaminadas a lograr ahorros efectivos en gastos generales. Para ello, debería aprobarse un plan inmediato de ahorro basado en objetivos económicos, de modo que en un plazo de cinco años, pueda ahorrarse en torno al 15 por ciento del gasto de Capítulo 2. En esta dirección, debería desarrollarse en toda su intensidad un proceso decidido de telematización de los procedimientos administrativos que busque ahorros efectivos, además de mejoras en la prestación de servicios públicos. Además, deberían explorarse todas las vías que existen actualmente en la nueva Ley de Contratos (acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición, centrales de compras, subastas electrónicas) para satisfacer de manera más eficiente las necesidades de interés general que se persiguen.

8. Mayor control de la externalización de servicios por parte de la Administración, de forma que sólo se contraten externamente aquellos para los que realmente la Administración carece de medios materiales y humanos. Actualmente se está produciendo un abuso en el recurso a la contratación externa para la realización, incluso, de tareas burocráticas y administrativas que son inherentes a los procedimientos administrativos, esta circunstancia está provocando además que en virtud de sentencias judiciales el personal de las empresas contratistas se acaben convirtiendo en personal laboral de la Administración. Este hecho ha sido puesto de manifiesto, entre otros, por el Tribunal de Cuentas en la Moción que con fecha de 26 de febrero de 2009 elevó a las Cortes Generales

9. Implementación de un plan de control de la contratación del sector público que analice fundamentalmente el proceso de determinación de los valores de los contratos y la ejecución, fundamentalmente para prevenir los excesos que actualmente se producen en la modificación de los contratos.

10. Una reforma de la LOFAGE que limite el número de Ministerios. Habida cuenta que España, a diferencia de otros países, no tiene una limitación constitucional de Departamentos ministeriales, debería imponerse por Ley ordinaria un número máximo de Ministerios, cualquiera que sea la situación o coyuntura socioeconómica.

11. Eliminación de los Ministerios de Vivienda e Igualdad mediante su trasformación en Direcciones Generales.
    
    Eliminación de los Ministerios de Educación y Sanidad mediante su trasformación de sendas Secretarías de Estado que pasarían a depender de una Vicepresidencia del Gobierno. Es necesario destacar que con la trasferencia de  educación y sanidad a las CCAA, las competencias del Estado en estas materias son fundamentalmente de tipo político, no de gestión, concretándose básicamente en la regulación normativa y la coordinación de la actividad de las Comunidades Autónomas. Esta circunstancia es la que aconseja que las competencias del Estado en estas materias se ejerzan por una de las 3 Vicepresidencias existentes.

12. Un plan de racionalización y optimización del sector público empresarial y fundacional así como de los consorcios interadministrativos, que culmine el proceso de privatizaciones paralizado en los últimos años y elimine aquellas entidades cuya razón de ser institucional o económica carezca de utilidad o racionalidad. A este fin, todas las entidades que se hallen en situación de desequilibrio económico-financiero vendrán obligadas a presentar un plan de reequilibrio que deberá ser aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda. Si como resultado de la ejecución de ese plan, la empresa pública o la fundación estatal no alcanzase los objetivos de retorno a la senda de equilibrio establecidos en el plan, se procedería a la intervención preventiva de la entidad por el Ministerio de Economía y Hacienda por el tiempo que fuera preciso para adoptar las medidas necesarias para reducir el gasto o incrementar eficientemente los ingresos.

13. La eliminación progresiva de los fondos sin o con personalidad jurídica, que han proliferado en los últimos años, con la finalidad en muchos de los casos de huir de los sistemas de control previstos en la legislación presupuestaria. En particular, la aplicación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, debería someterse a las reglas presupuestarias y de control previstas en la legislación vigente, ya que el Real Decreto Ley que regula este instrumento excluyó por primera vez en la historia de nuestro país a un fondo público del control de los órganos competentes para llevarlo a cabo. En último extremo, si hubieran de seguir constituyéndose fondos, debería exigirse un estudio previo de viabilidad y eficiencia financiera que descartase la utilización de estos instrumentos en caso en que se evidenciase que son manifiestamente ineficientes.

14. Actualmente existen 16 canales de televisión autonómicos. Ninguna de las televisiones públicas logra financiar con ingresos de mercado más del 50% de sus costes de producción por lo que recurren sistemáticamente a las subvenciones y al endeudamiento público.
    
    Hoy por hoy, tanto por la amplísima oferta privada existente, por la existencia de los 2 canales de RTVE, como por el hecho de que su programación no contribuye a corregir los posibles fallos del mercado, no se justifica en absoluto su existencia. Es por ello que estimamos que debería procederse a la privatización de las cadenas de televisión autonómicas, modificándose si fuese necesario la normativa audiovisual, salvo en los casos de Comunidades Autónomas con lengua propia, en las que sólo debería de haber un canal frente a los dos actuales.

15. Reducción del número de asesores que no sean funcionarios de carrera en todas las Administraciones Públicas y en todos sus niveles.

16. Aumentar la tributación de la SICAV y traspasar las competencias de inspección de estas sociedades a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

17. Adopción de medidas tendentes a penalizar los paraísos fiscales, como la imposición de un gravamen para las operaciones con origen o destino en los mismos.

18. Revisión del sistema de estimación objetiva por módulos, ya que da lugar a la existencia de fraudes en dicha tributación.

19. Reforzar la figura del delito fiscal.

20. En relación con el Impuesto de Sociedades, se propone reducir los regímenes privilegiados de tributación con la supresión de los beneficios fiscales. Así mismo, se procederá al examen de la verdadera tributación por dicho impuesto de las grandes sociedades, reduciendo el número de deducciones.

21. Establecimiento, a partir de un determinado umbral de patrimonio, de una declaración censal anual sobre los bienes de las personas físicas, sin necesidad de ingreso,  a los efectos de la mejora de la gestión de los tributos.

22. Modificación de la regulación del IVA en relación con los Regímenes Forales. La tributación del IVA en el País Vasco y Navarra se hace en origen en lugar de hacerlo en destino, como en el resto del territorio nacional por lo que se ha de proceder a realizar un ajuste para su adaptación a destino. Este hecho implica un desvío de fondos de 618 millones de euros para el País Vasco y 260 millones de euros para Navarra.

23. Mejora y introducción de medidas normativas para prevenir y combatir las grandes bolsas de fraude fiscal existentes en nuestro país

24. Reforzar los mecanismos de contributividad del sistema de pensiones y aumentar la edad media de jubilación, que en España está en los 63,5 años.

25. Control del fraude de las bajas médicas y el correspondiente gasto en prestaciones por incapacidad temporal cuyo importe supera los 7.000 millones de euros.

Revisión del sistema actual de pensiones de Invalidez Permanente y en especial el régimen de compatibilidad del cobro de las mismas con el de un salario por el desempeño de un puesto de trabajo.

26. Revisión del actual sistema de bonificación de cuotas a la Seguridad Social, cuyo coste asciende a alrededor de 3.100 millones de euros, al objeto de que constituya un instrumento eficiente de la política de fomento del empleo. La eficiencia del sistema ha sido puesta en cuestión, entre otros, por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas y Calidad de los Servicios.

27. Racionalización de la estructura administrativa de la Seguridad Social tal y como se señala en la Recomendación 7ª del Pacto de Toledo.

28. Concluir definitivamente el proceso de separación de fuentes de financiación de forma que los complementos a mínimos de las pensiones dejen de financiarse con cotizaciones sociales

29. Revisión de los actuales regímenes especiales de la Seguridad Social, que bajo justificaciones históricas ya superadas, aún hoy se siguen manteniendo

30. Revisión de la regulación actual de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Comunicado propuestas frente a la crisis (Versión PDF)