La responsabilidad social de la administración pública

Es innegable la tendencia al alza que ha presentado en los últimos años el tema de la Responsabilidad Social Empresarial. Tanto es así, que el número de informes anuales de sostenibilidad publicados se ha incrementado de forma significativa tal y como muestra el siguiente gráfico:

Que por parte de la empresa privada se introduzcan criterios socialmente responsables en su gestión puede venir motivado, en parte, por la crisis económica que hemos sufrido, lo que ha generado una falta de confianza de la sociedad sobre las formas de actuación en el tejido empresarial.

Ese interés por integrar criterios de Responsabilidad Social no ha venido solo de parte del sector privado, sino que también se han dado una serie de impulsos gubernamentales tanto a nivel europeo como en el ámbito estatal en el caso de España.

Por poner una serie de ejemplos, el Parlamento Europeo aprobó en febrero de 2013 la resolución “La responsabilidad social de las empresas: comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento sostenible”. Asimismo, en abril de 2014 se aprobó desde el mismo Parlamento la directiva por la que se obliga a las empresas de más de 500 empleados a publicar información sobre los impactos no financieros que genera su actividad.

En el caso concreto de España, también se han realizado esfuerzos en este sentido, como por ejemplo, la aprobación en diciembre de 2013 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno así como la aprobación de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020 en octubre de 2014 por el Consejo de Ministros, entre otros. Mencionar aquí también la Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de responsabilidad social empresarial en Extremadura, que tiene como ámbito de aplicación tanto las empresas que desarrollen su actividad en Extremadura como los propios poderes públicos y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Pero, si existe ese compromiso desde el ámbito privado, ¿cómo puede no darse la misma situación desde el ámbito público para una aplicación interna de este tipo de criterios socialmente responsables?

En los últimos años se ha identificado una tendencia al alza de los niveles de desafección y baja confianza que presenta la ciudadanía en las instituciones, motivado en gran medida por las malas prácticas que se dan en la gestión, todo ello alentado por los casos de corrupción que han salido a la luz (Centro de Investigaciones Sociológicas, Barómetro de noviembre 2016, Estudio nº3159).

Puesto que dar respuesta a la problemática actual que presenta la Administración está empezando a resultar complejo a través de los criterios clásicos, integrar en su gestión criterios de RS basados en el aumento la transparencia, el fomento de una ética pública y la gestión los impactos sociales, ambientales y económicos sería un primer paso hacia el buen gobierno en el sector público.

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